Juzgar con perspectiva de género es una imperiosa necesidad.
Judicial verdaderamente paritario.Se requiere que las personas juzgadoras tomen en cuenta las desigualdades y discriminaciones en razón de género contra las mujeres y niñas y que garanticen la igualdad de trato y oportunidades para todas y todos.
La reforma al Poder Judicial se trata de hacer que la justicia no tenga distingos ni resabios; que llegue a todas y todos. Es ahí donde radica la importancia de crear una Ley de Carrera Judicial que garantice personal profesional, seleccionado mediante procesos de ingreso, formación y
promoción, pulcros y transparentes.
Que supla el nepotismo con el mérito; que elimine el amiguismo y promueva indicadores de desempeño como determinantes para su permanencia. Y es que se requiere de personas juzgadoras que prioricen el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y la dignificación de las labores jurisdiccionales.
La promoción de una mayor participación de las mujeres en el Poder Judicial, sin duda redundará en procesos que garanticen el acceso a la justicia, NO solo para las propias mujeres sino para aquellos grupos que fueron discriminados una y otra vez. De eso trata la Ley de Carrera Judicial, de garantizar la presencia de las mujeres en los órganos jurisdiccionales, con base en el precepto constitucional en materia de
paridad de género, aprobado por el Congreso de la Unión, en 2019.
¿Cómo podemos hablar de justicia si las mujeres seguimos siendo minoría en las instancias que deben velar por nuestros derechos?
Desde 2019, la paridad de género es un mandato constitucional. Cinco años después, NO podemos permitir que este principio siga siendo una meta distante para el Poder Judicial en México.
Y es que, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, elaborado por el INEGI1, en 2022, del total del personal adscrito al Poder Judicial de la Federación, 50.1 por ciento eran hombres y 49.9 por ciento, mujeres. No obstante esas cifras, tan solo en el Consejo de la Judicatura Federal, al cierre de ese mismo año, de un total de mil 647 magistrados y jueces registrados, 71.9 por ciento
correspondió a hombres y 28.1 por ciento a mujeres.
Es decir que, de los mil 423 órganos que forman parte del Consejo de la Judicatura, las mujeres se encuentran todavía en franca desventaja frente a los hombres.
ESTAS CIFRAS NO SOLO REPRESENTAN DESIGUALDAD. También reflejan el lastre histórico de un sistema judicial opaco y elitista. Un sistema que, además de discriminar, ha sido utilizado para proteger intereses económicos y cupulares por encima de los derechos del pueblo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su configuración actual, ha sido testigo de graves retrocesos democráticos.
Durante este sexenio, hemos visto cómo se han invalidado reformas fundamentales para la nación: la Ley de la Industria Eléctrica, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y el Plan B en materia electoral, por mencionar algunos ejemplos.
Además, no podemos ignorar que el nepotismo y el tráfico de influencias han permeado en el Poder Judicial.En 2022, el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares del Poder Judicial identificó 6,755 redes familiares, algunas con hasta 79 parientes ocupando cargos dentro de la institución.
Esto no solo vulnera la confianza ciudadana, sino que también perpetúa estructuras de poder que son incompatibles con los principios de igualdad y justicia. Por eso, celebramos que 18 mil 447 personas se hayan inscrito para participar en el proceso de elección de jueces y juezas, magistrados y magistradas, y de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 1º de junio de 2025.
Estamos ciertos que las personas juzgadoras electas harán de la carrera judicial un sistema institucional imparcial, honesto y democrático.
La Ley de Carrera Judicial es, por tanto, un instrumento crucial para garantizar que los puestos sean ocupados no por favoritismos, sino por méritos comprobados. La evaluación rigurosa, la formación continua y los procesos de selección transparentes no son privilegios, sino condiciones mínimas para un sistema que aspire a ser justo y democrático. Es inaceptable que quienes deben velar por la Constitución y los derechos humanos actúen como un poder autónomo que responde a intereses particulares y no al bienestar colectivo.
Reformar el Poder Judicial es un acto de responsabilidad histórica, una obligación que tenemos con las generaciones presentes y futuras.
Las y los nuevos integrantes del Poder Judicial, tienen un gran reto: que las y los mexicanos vuelvan a creer en él; que puedan ver en ese Poder, un ariete que derrumbe los muros de la ignominia y aclare la ruta a la tan ansiada justicia social. Esa confianza que se perdió por culpa de juzgadoras y juzgadores que tramposamente benefició a la oligarquía con la anuencia de los gobiernos del PRI y del PAN.
HOY ES TIEMPO DE MUJERES. Y de la mano de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, seguiremos transformando a México. Es cuanto.
