Plan C y las modificaciones planteadas a la Ley de Amparo.
A partir del Plan C, solo era cuestión de tiempo para comenzar la transformación de fondo del poder judicial, para hacerlo funcional y cercano al pueblo.
Frente al histórico proceso electoral que tendremos en 2025, para renovar a la primera mitad de las personas juzgadoras, resulta improrrogable que todo el marco normativo en la materia se adecúe para su correcta aplicación.
Con motivo del reconfiguración de la Suprema Corte Justicia de la Nación, así como del Consejo de la Judicatura Federal que dará paso al nuevo Órgano de Administración Judicial y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, resultan idoneas las modificaciones planteadas a la Ley de Amparo.
También es oportuno destacar los diversos ajustes normativos para emplear lenguaje incluyente.
Un tema que, a partir de la reciente reforma, seguramente nos obligará a revisar detalladamente cada ordenamiento secundario.
Todas y todos quienes tenemos la tarea de legislar, lo debemos hacer cuidando que el lenguaje utilizado refleje la igualdad entre mujeres y hombres.
¡Lo que no se nombra, no existe! Así lo repetiremos hasta que se vuelva canon.
Lo comento, pues tenemos una Ley de Amparo vigente que invisibiliza la figura de la Presidenta de la República, Gobernadoras, ministras, magistradas, juezas, servidoras públicas, actuarias, abogadas, mujeres agraviadas, quejosas o terceras interesadas.
Una razón más para estar de acuerdo con el contenido del presente Dictamen que la reforma en este rubro.
Por último, y no menos importante, la actualización en materia del cálculo de multas también es un tema relevante.
Puesto que la expresión “salario mínimo vigente en el Distrito Federal” contraviene a la desindexación del salario mínimo establecida en nuestra Constitución desde el año 2016.
Ahora la Unidad de Medida y Actualización ya figurará en la Ley de Amparo brindando certeza en su interpretación.
La reforma judicial va y sigue su curso porque el compromiso es con el pueblo de México.
